Débil gobernabilidad y capacidades regionales ¿Cómo enfrentar la segunda ola del Covid-19?

Ricardo Rey Rivera Vásquez

El ejercicio del poder de las autoridades se materializa a partir de la gobernabilidad para emprender su gestión durante el periodo para el cual fue electo en un proceso democrático, lo que le otorga legitimidad legal y constitucional para su mandato. La gobernabilidad es la capacidad de esta nueva autoridad para poder emprender objetivos que, durante su gestión, podrán traducirse en programas, intervenciones, inversiones o estrategias específicas. A diferencia de la legitimidad legal, la gobernabilidad se basa en las relaciones sociales con actores o grupos de actores específicos (y con intereses o posiciones particulares), motivo por el cual algunos autores lo catalogan como un concepto social “relacional” (Bayón, 2018).

En el propósito de construir esta capacidad de gobernar ayudan mucho los partidos o movimientos políticos, que nacen con el objetivo de representar los intereses de los ciudadanos ante el gobierno o el juego político; sin embargo, en un país en el que existe una alta fragmentación de los partidos políticos a nivel nacional, lo que se vuelve mucho más crítico a nivel regional, la gobernabilidad enfrenta serios desafíos que demandan mayor destreza política, estrategia de comunicación de gobierno y perfil de liderazgo, así como de convocatoria para generar consensos e impulsar acciones conjuntas.

En el contexto crítico que ahora enfrentamos a nivel global debido a la pandemia del COVID 19, los gobiernos regionales deben asumir sus competencias no sin antes reconocer las principales debilidades: escasos recursos humanos y materiales, desarticulación institucional de sus órganos de línea y procesos internos “hacia adentro” y con órganos de los tres niveles (nacional,  provincial y distrital) de gobierno “hacia afuera”, pero sobre todo, el poco tiempo para realizar diagnósticos, instrumentos de gestión o planificación. Debemos apostar por experiencias comparadas de similares características a nuestra realidad, para ello tenemos el caso de Manaos o Leticia, por ejemplo.

Las respuestas al COVID deben ser inmediatas, por lo que es imperativo escalar de los sistemas legales – administrativos propios de un sistema positivista (lo que está escrito es lo único que existe) a los niveles más primarios de organización social: el espacio político.

Para este fin, la tarea recae en la primera autoridad regional. Deponer los enfrentamientos políticos parece ser la primera de las condiciones necesarias, abandonar las posiciones políticas y comprender la necesidad de actuar en conjunto marcarán una auténtica convocatoria a los principales actores de la sociedad civil que gocen de prestigio ciudadano, a la academia, el sector privado y a representantes de nuestros pueblos originarios con propósitos claros y específicos: a) elaborar una estrategia conjunta, b) establecer canales oficiales de comunicación a la ciudadanía, c) definir y monitorear tareas.

Este esfuerzo de la sociedad, liderado por la autoridad regional, debería ser acompañado por todo el aparato estatal de acuerdo a sus competencias (que deberán ser visibilizadas para el adecuado monitoreo). Los municipios provinciales y distritales deben orientar esfuerzos a apoyar la auto gestión de la sociedad para enfrentar el impacto de la cuarentena obligatoria, en ese propósito, apoyar a las dinámicas “ollas comunes” es una prioridad para poder exigir el cumplimiento de las medidas que da el gobierno para reducir el riesgo de contagio.

Los congresistas de la República por su parte juegan un rol necesario en el marco de la fiscalización, pero especialmente, para facilitar la coordinación e implementación de este esfuerzo conjunto de gobierno y sociedad en una región con históricas debilidades infraestructurales del Estado. Toda acción que recaiga únicamente en la actuación del Estado a nivel regional (Gobierno Regional) tendrá tantas probabilidades de éxito, como las múltiples falencias que propios y extraños conocemos.

La segunda ola nuevamente nos pone frente a un enemigo común al cual debemos responder de manera conjunta y conscientes de los recursos que disponemos, así como de nuestras debilidades.

Autor: Ricardo Rey Rivera Vásquez

Abogado diplomado en imagen y comunicación política, maestrista en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Institut Barcelona d´Estudis Internacionals de España, especialista en Gestión Pública. Loretano y miembro del Colectivo Ciudadano “Resurgir Amazónico”

Síguelo en Twitter: @rriverav.

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