Defensora ambiental sufre acoso judicial por su trabajo en pro de los bosques amazónicos

Sentencia será dictada este viernes 26 de marzo por Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Mediante Resolución Directoral N° 003-2020-JUS/DGDH del 19 de mayo de 2020, la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, activa el procedimiento de alerta temprana en favor de la Defensora Ambiental Ángela Lucila Pautrat Oyarzún, reconocida como tal en el marco del “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 159-2019-JUS. De acuerdo con ello, mediante Oficio N°244-2020-JUS/DGDH, el Ministerio de Justicia ha solicitado al Ministerio del Interior implementar Acciones Urgentes de Protección Policial para la Señora Pautrat Oyarzún, entre otras medidas de asesoría y acompañamiento legal. 

Ello debido a que la Defensora Ambiental sufre Acoso Judicial y Censura por parte de la empresa que viene siendo procesada por delitos de tala ilegal y conexos, por la instalación de monocultivos agroindustriales, amedrentándola para que no testifique en los procesos de investigación penal que se siguen desde el año 2014.

Frente a este caso, mediante Oficio N° 094-2020-DP/ADHPD del 15 de setiembre de 2020, la Defensoría del Pueblo ha presentado un amicus curiae[1] ante el juzgado competente manifestándo que “las personas defensoras, por la labor que realizan, muchas veces, se enfrentan a personas, grupos u organizaciones en posición de poder o que se dedican a actividades ilícitas, por ello se encuentran expuestos(as) a riesgos y ataques. Pueden llegar a ser víctimas de asesinatos, (…) agresiones, amenazas y hostigamientos; campañas de desprestigio, iniciación de acciones judiciales; restricción al acceso de información en poder del Estado; abusivos controles administrativos y financieros; e impunidad en relación a quienes son autores de estas violaciones, y es una obligación del Estado peruano brindarles protección y garantizar que puedan ejercer su labor de defensa de derechos humanos”. (Subrayado agregado). Asimismo, la Defensoría del Pueblo destaca que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su “Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas”, ha remarcado que el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento en contra de defensores de derechos humanos no sólo tiene por efecto amedrentar su labor, sino que además puede generar una paralización de su trabajo de defensa de derechos humanos en tanto su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa. (subrayado nuestro)”. (Resaltado agregado).

En atención a ello, la Defensoría señala al Juzgado Penal competente que “analice el presente caso dentro del contexto del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos, que realiza la señora Ángela Lucila Pautrat Oyarzún”.

Pese a estas advertencias de Organismos Nacionales e Internacionales competentes en materia de Defensa de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, la empresa Tamshi SAC busca Sentenciar a la Defensora Ambiental Lucila Pautrat, por ejercer su labor de informar de manera objetiva sobre los procesos de deforestación en la Amazonía peruana, así como por ejercer la defensa de los agricultores que han sido despojados de sus tierras para la siembra de monocultivos agroindustriales.

El viernes 26 de marzo a las 4:00 pm, el Juez JONATHAN WALTER PACHERREZ LUMBRE, del Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima emitirá la primera sentencia en el Perú contra una Defensora Ambiental reconocida por el Estado peruano, por la Defensa de los Bosques en la Amazonía Peruana. Se espera que se establezca un primer precedente judicial de conformidad con el marco jurídico nacional en la materia de libertad de expresión, así como en materia de protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos.


[1] El amicus curiae por parte de la Defensoría del Pueblo se sustenta en el artículo 17 de su Ley Orgánica. TIene por finalidad “ilustrar a los jueces sobre aspectos técnicos de alta especialización, que habrán de incidir de manera relevante a la hora de la decisión final” (Fundamento 6 de la sentencia recaída en el expediente N° 3081-2007-PA/TC).

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