El «Enverdecimiento» del Desarrollo Sostenible: La ampliacion de la biopiratería

Ana Isla*

Este artículo esta traducido del The “Greening” by Sustainable Development: Stretching Biopiracy. Articulo que será publicado en Italia.

Resumen:

La biopiratería no es nueva en la Amazonia. Durante cientos de años, el capital nacional y transnacional se ha beneficiado saqueando, depredando, contaminando y dejando a miles de sus habitantes enfermos y desamparados. Este artículo revela cómo la política del “enverdecimiento”, entendida como un proceso de acumulación de capital, involucró a todo el bosque Amazonico, de Loreto, en la biopiratería. En este contexto, la biopiratería se define como el uso del concepto de Desarrollo Sostenible para la apropiación de recursos de los bosques y territorios de las comunidades indígenas para alimentar la acumulación de capital global.

Introducción

Este artículo sostiene que en las Américas, la biopiratería – definida como las actividades económicas que promueven procesos extractivistas de recolonización de derechos, cuerpos y territorios – creció exponencialmente cuando el Banco Mundial creó el concepto de Global Commons (Hamilton 2001) para abrir nuevas áreas de intervención global para el capital y cedió la responsabilidad del Desarrollo Sostenible (DS), primero a los gobiernos, y luego a las corporaciones. SD establece condiciones donde los derechos se llenan de contenido espurio de desigualdad, asimetría estructural, seducción extractiva y extinción. Por ejemplo, el Convenio sobre Diversidad Biológica (1992) otorgó a los países soberanía sobre sus recursos genéticos y dejó las cuestiones de propiedad a la legislación nacional. Por lo tanto, los Estados autorizan la exploración, investigación, bioprospección, uso, y explotación de elementos de la biodiversidad. Desde entonces, el acceso a las especies silvestres se ha regulado mediante licencias, permisos y subastas. La bioprospección, y otros sistemas genéticos que clasifican e investigan la biodiversidad con fines comerciales implican la búsqueda de muestras biológicas nuevas y potencialmente rentables por parte de corporaciones, Organizaciones no-gubernamentales (ONGs), y organizaciones de “ayuda.” La bioprospección a menudo se convierte en biopiratería. La biopiratería equivale a la apropiación del conocimiento tradicional y los recursos biogenéticos de los pueblos Indígenas y los campesinos para alimentar los sistemas de conocimiento de las corporaciones colonialistas.

El Banco Mundial también contribuyó al aumento e intensificación de la biopiratería desde que se hizo cargo del Global Environmental Facility para llevar a cabo el llamado “Greening” de la Economía (GE) a través de ONGs llamadas ambientalistas. El papel de muchas ONG internacionales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), ha sido actuar como intermediarios entre corporaciones y estados, y promover el lenguaje amigable de las políticas y programas económicos. Dentro del paradigma del DS, a pesar de los debates en curso y la búsqueda de alternativas, el crecimiento económico sigue siendo el objetivo dominante; por tanto, la continua destrucción de las economías de subsistencia es el elemento central de lo que hoy se entiende generalmente como Desarrollo Sustentable o sostenible. (Isla 2015)

Este documento evalúa la gestión ecológica del capital global como se discutió en las Cumbres de la Tierra (1992, 2002, 2012), y extiende esa evaluación al «enverdecimiento» de la economía de Loreto, en la Amazonia Peruana a través del SD. Los conceptos clave en el DS son Capital Natural (CN) y Pago por Servicios Ambientales (PSA). El CN se refiere a los bienes y servicios proporcionados por los recursos renovables y no renovables del planeta, como  el agua, tierra, aire, especies de plantas y animales, bosques y minerals, etc. El PSA es una transacción voluntaria en la que un comprador del capitalismo industrial paga a un proveedor por un servicio ambiental bien definido, como un trozo de bosque.

Me baso en el trabajo de Carolyn Merchant, Maria Mies y Silvia Federici para criticar la perspectiva del Global Common. Evaluo la biopiratería en Loreto –  el despojo de los Bienes Comunes de la Naturaleza y una guerra contra la subsistencia – a travez de tres momentos:

1) Deforestación por concesiones forestales para la producción de madera;

2) Degradación forestal por cambio de uso de la tierra; y,

3) Financiamiento forestal para REDD +, vinculado a países colonialistas que monitorean los bosques para hacer uso de los mecanismos internacionales.

El articulo analiza hasta qué punto el desarrollo sostenible crea igualdad social y combate el cambio climático.

La Perspectiva de los Bienes Comunes: World Bank vs Ecofeminism

Los enclaustramientos fueron un fenómeno inglés. Thompson discute la era del enclaustramiento de las tierras comunales a travez del Parlamento (1760 y 1820) como la era del conflicto de clases para eliminar los Derechos Comunes, en la interfaz entre la práctica agraria y el poder politico. El enclaustramiento puso fin a los derechos consuetudinarios y desalojo al campesinado que dependía de ellos para su supervivencia. Los debates contemporáneos sobre los bienes comunes y el enclaustramiento han aumentado desde 1968, cuando Garret Hardin presentó el argumento de que cualquier régimen de los Bienes Comunes resultará en degradación.

Desde 1992, la Cumbre de la Tierra, la raíz de la crisis ambiental ha sido identificada por el BM como la ausencia de precios asignados

a la biodiversidad, el aire, el agua, el paisaje y otros recursos naturales (Pearce y Warford 1993; Hamilton 2001). En la Cumbre de la Tierra, la mayoría de los países firmaron y ratificaron el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En 1996, el Banco Interamericano de Desarrollo organizó una conferencia para promover “la transversalización de la biodiversidad en los proyectos de desarrollo apoyando la creación de incentivos para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos biológicos, como el régimen de derechos de propiedad y los mercados de «productos ecológicos.» (5) Jeffrey McNeely, de la UICN-The World Conservation Union, sostuvo que el principal problema en el financiamiento de la conservación de la biodiversidad es identificar los instrumentos económicos más adecuados y equitativos que permitan incluir en los precios todos los costos de explotación, y propuso el cobro por el uso de los bienes comunes globales – derechos de usuario, regulaciones, rentas – como una forma de gobernar y generar ingresos. Desde entonces, los bienes comunes locales están siendo manejados por actores globales, mientras que las preocupaciones locales ya no importan. En efecto, el marco de los Bienes Comunes Globales ha extendido la biopiratería, conceddiendo permiso para arrebatar, particularmente alrededor de los bosques de las comunidades Indígenas que aún conservan sus bienes comunes locales.

En contraposición al Banco Mundial, Bienes Comunes en este documento es el espacio natural, social y político que proporciona sustento, seguridad e independencia, pero que normalmente no produce mercancias. Desde 1992, se ciernen sobre la Amazonía los intereses de los traficantes de madera, los mineros de oro y los grandes grupos de poder para producir cacao, café, palma aceitera y créditos de carbono. Para criticar los Bienes Comunes Globales, articulo la comprensión de los Bienes Comunes proporcionada por el Ecofeminismo de Merchant (1983, 2005), Mies (1986) y Federici (2004). Merchant (1983) sostiene que el surgimiento de la ciencia y la tecnología modernas se basó en el ataque violento y la violación de la Madre Tierra. Merchant (2005) establece dos contradicciones en el funcionamiento del llamado “desarrollo económico.” Primero, surge del asalto de las fuerzas económicas de producción a las condiciones ecológicas locales. En segundo lugar, parte de los ataques de la producción a la reproducción biológica y social. Mies abandona la relación Capital vs Salario como la única fuente de explotación capitalista, y asume que la condición previa básica para el crecimiento económico siguen siendo las antiguas colonias. Estas colonias son: el trabajo doméstico de las mujeres, las economías de subsistencia de los pueblos Indígenas y campesinos, así como la naturaleza. Todos están sobre-explotados en lo que ellos utilizan para su sustento diario. Mientras tanto, Federici se basa en la historia Europea, desde el enclaustramiento de los bienes comunes y los juicios de brujería a que llevaron a la devaluación de la mujer, la naturaleza, los cuerpos y el trabajo. Ella revaloriza el trabajo de reproducción y reconecta nuestra relación con la naturaleza, con los demás y con nuestros cuerpos para recuperar un sentido de plenitud en nuestras vidas. Estas autoras reconocen que tanto el trabajo doméstico como el de la naturaleza son trabajo productivo y son áreas de explotación y una fuente de acumulación de capital.

Estas condiciones son claramente expresadas por las mujeres de la Amazonia Continental quienes enfatizan que sus cuerpos sienten la afectación de sus territorios. Para defender los Bienes Comunes de la Vida, el agua y los territorios, ellas se han unido con otras mujeres Latino Americanas quienes han desarrollado nuevas pedagogías libertarias con el surgimiento de feminismos comunitarios (indígenas) y populares: zapatista, maya, ixhil, quiquché, lenca, andina, mapuche. Sus luchas, apreciadoras de la autonomía y la autodeterminación, se nutren de batallas de descolonización, despatriarcalización, socialismo, anarquistas, anti-dictadura, anti-racistas y anti-neoliberales. Por ejemplo, el movimiento Revolución en Construcción Tejiendo Futuro se transfronteriza, es decir, acepta las diferencias y trasciende fronteras, hacia afuera y hacia adentro. Para ellas, la imposición de proyectos es como una declaración de guerra que pretende erradicar nuestra resistencia. Otro grupo feminista, Las Miradas Criticas del Territorio desde el Feminismo, describe el cuerpo como el primer territorio en el que tanto el cuerpo como el territorio han sido expropiados tanto histórica como estructuralmente (Cabral 2012). En consecuencia, las mujeres estan luchando por recuperar los bienes comunes locales del despojo continuo.

En los tres ejemplos siguientes, examino lo que está en juego cuando la reproducción biológica (humana y de la biota) en sociedades tradicionales es interrumpida por el desarrollo colonial y capitalista industrial, el llamado Desarrollo Sostenible.

  1. Concediento Permiso para Arrebatar: Deforestación por concesiones forestales para la producción de madera

En esta sección, sostengo que las concesiones forestales para la producción de madera deben ser catalogadas como biopiratería, porque otorgan permiso para saquear la naturaleza y sus habitantes. Siguiendo a Merchant, la primera contradicción que surge se expresa en la violencia coordinada por la producción contra la ecología. Por ejemplo, por cada tronco de árbol extraído mecánicamente en un bosque tropical, se destruyen miles árboles de todos los tamaños. Como resultado, esto produce una alteración del hábitat creando una escasez de vida silvestre que juega un papel importante en el mantenimiento y regeneración del bosque, como dispersores de semillas. Sobre todo, esta tala contamina y reduce el agua en los barrancos, ríos y lagos, afectando toda la vida acuática: peces y plantas. La segunda contradicción proviene de los ataques de la producción a la reproducción social y biológica formulados por la economía política del DS las instituciones locales y globales. Su degradación ha dado lugar a tasas crecientes de desnutrición infantil crónica, anemia perniciosa, pobreza, violencia contra las mujeres y los niños. En suma, las concesiones forestales para la extracción de madera dejan tras de sí una historia de corrupción, estafa, explotación, robo, contaminación, destrucción y sangre (animal y humana).

Para apoyar mi argumento, presento la guerra contra el bosque de Loreto. Un conflicto librado por “compradores de buena fe” globales y autoridades corruptas locales a través de concesiones. El concepto de Concesión fue inventado por las potencias imperiales y coloniales europeas y norteamericanas para ocupar sus colonias dando control total a partes privadas para su uso, desposeyendo y privando de derechos territoriales a millones de personas. En Peru, desde la Cumbre de la Tierra de 1992, se ha llevado a cabo un enclaustramiento contemporáneo como resultado del Desarrollo Sostenible.

Concediento Permiso para Arrebatar. En 2001, se introdujo el concepto de Desarrollo Forestal Sostenible (SFD) en Concesiones Forestales, certificado por Forest Stewardship Council, que ha sido un fracaso (Tala de la Selva). El marco SFD estableció que para prevenir la informalidad y tener un mayor control, las áreas de concesión no deben exceder las 5000 ha. Uno de los puntos esenciales del nuevo manejo forestal es la concentración de áreas de producción forestal «preferiblemente madera,» en los llamados bosques de producción permanente. Esas politicas fueron disenadas para que no funcionen, debido al reducido presupuesto asignado al sector, el cual se expresa en el pobre equipamiento para su administracion y el alto nivel de corrupcion. (Urrunaga)

Entre 2002 y 2004 se otorgaron concesiones forestales en Loreto (14’782,302 ha), Ucayali (4’089,926), Madre de Dios (2’522,141) y San Martín (1’501,291). Estas concesiones cubrieron 249,752 millones de hectáreas (SERFOR 2017). En 2005, José Álvarez, (entonces investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) y ahora Director General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente (MINAM), afirmó que había ecocidio en la selva amazónica debido a que la caoba caía bajo los tractores y motosierras por lo que estaban poniendo este tipo de madera en grave peligro de extinción. Álvarez criticó a las autoridades – El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) – por resistir declarando la caoba en peligro de extinción local. Para 2011, la reproducción social también estaba en peligro. Álvarez (2011) denunció la invasión de las tierras de indígenas aislados por parte de los madereros, y el desplazamiento desde sus tierras ancestrales hacia lugares no aptos para su forma de vida. Al mismo tiempo, “varias comunidades indígenas de la cuenca media del río Napo quedaron sin territorio debido a concesiones forestales. Ellos nunca fueron informados ni consultados, en violación del Convenio 169 de la OIT, que establece la obligación de consultar cualquier norma o proyecto que afecte a las comunidades indígenas y sus territorios.

La confiscacion territorial fue el objetivo del gobierno de Fujimori (1990-2000). Sin embargo, desde 2008, el sistema de Concesiones se ha complementado con el Tratado de Libre Comercio internacional con los Estados Unidos (TLC), ya que la selva amazónica se convierte en la última frontera de renta para el desarrollo económico del mundo. El expresidente Alan García, con abusivas leyes desencadeno tragedias horrendas como la de Bagua (Isla 2009), y preparó el terreno para la ley forestal que promueve la confiscación territorial indígena a través de la ocupación de grandes extensiones de bosque bajo cualquier forma de concesión. Para ello, se creó la Agencia de Supervisión de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (OSINFOR), y dentro de ella la Dirección de Supervisión de Concesiones de Fauna Silvestre (DSCFFS) que tiene como función específica estar a cargo a nivel nacional, de supervisar y velar por el uso “sostenible,”  la conservación de los recursos forestales y la vida silvestre, así como los servicios ambientales del bosque que el Estado brinda a través de diversas formas de uso.

En 2017 el Gobierno Regional de Loreto (GOREL), promovió y aceptó 41 nuevas solicitudes de concesiones madereras, en las provincias de Maynas, Mariscal Ramon Castilla, Requena y Loreto. (La Región, 22 de junio de 2017, págs. 14 y 16) Asimismo, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) publicó el mapa de Loreto ofreciendo 197 nuevas “unidades”; de los cuales al menos 25 se superponen con las áreas de las Reservas Indígenas solicitadas en 2003 a favor del Pueblo Indígena en Aislamiento (IPI) en el Departamento de Loreto. (SERFOR 2017)

En el marco del SFD, 90 por ciento de la madera extraida y comercializada tiene origen illegal, y los importadores obtienen una cobertura para la extracción ilegal de madera a través de la corrupción sistemática en las instituciones del pais. Estos importadores son Estados Unidos, China, México y otros 15 países (EIA 2018). Una publicación de Global Witness informa sobre cómo los exportadores y compradores de madera son cómplices del saqueo de la Amazonía peruana. Este sostiene que “la industria maderera, su principal autoridad reguladora (SERFOR) y otras entidades gubernamentales en el Perú han negado o minimizado el problema, y han tratado de debilitar las instituciones encargadas de implementar los estándares”. Como resultado, en diciembre de 2018, para debilitar la gestión del OSINFOR, se le incorporó al Ministerio del Ambiente (MINAM) y ha disminuido la recolección de datos haciendo imposible rastrear la legalidad del origen de la madera (Agencia de Investigación Ambiental 2018). En el 2019, OSINFOR, luego de la protesta pública, recuperó su independencia. (Global Witness 2019)

En la Amazonia, la tala legal e ilegal requiere redes criminales, involucra violaciones de los derechos humanos, condiciones de trabajo esclavo y contribuye a la degradación de la biodiversidad y al cambio climático. Por ejemplo, entre 2015 y 2018, el Monitoreo del Proyecto Amazonia Andina (MAAP # 99) ha documentado la construcción de 3,3 mil kilómetros lineales de caminos forestales. En 2019, MAAP # 123 ha documentado la construcción de 1.5 mil kilómetros lineales adicionales en Loreto, San Martín y Madre de Dios. Se detectaron tres tipos de posible ilegalidad: a) Caminos forestales en zonas sin títulos habilitantes; b) Caminos forestales en concesiones forestales actuales, pero en una situación No activa / No definida. c) Caminos forestales en comunidades nativas.

“Si bien ha sido extremadamente difícil acceder a datos relevantes y confiables, para los casos en los que hemos podido hacerlo, hemos identificado varios envíos de exportación de madera en los que más del 90% del producto era de origen ilegal documentado… El Informe La Unidad de Inteligencia Financiera también concluye que la producción peruana de madera ilegal en los últimos 5 años (2014-2018) ha superado los 1,100,000 metros cúbicos por año, lo que implica la tala ilegal de alrededor de 150,000 árboles forestales naturales por año, degradando unas 300,000 hectáreas de bosques naturales.cada año ”(Urrunaga 2019, 73/74)

Debido a la inacción de las entidades gubernamentales del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y al alto nivel de corrupción en SERFOR, la Procuraduría de Asuntos Ambientales, en Loreto, investiga una gran cantidad de presuntos delitos contra el bosque cometidos por empresas madereras, comunidades rurales y nativas, asociaciones forestales locales y de exportación. compañías; y, también investiga a funcionarios de entidades gubernamentales que intervienen en los delitos contra la selva (La Región 27 de diciembre de 2017).

En suma, esta sección ha demostrado que las Concesiones Forestales para la producción de madera, entendida como desarrollo sostenible, asaltan la reproducción biológica y social de la selva amazónica. Ademas establece vínculos entre las diferentes secciones de este artículo para mostrar cómo otorgar permiso para arrebatar (Sección 1) es de ayuda inmediata para que las corporaciones cambien el uso de la tierra (Sección 2), son las mismas prácticas que utiliza el capital que financia los bosques en el contexto de expropiaciones a gran escala (Sección 3). La siguiente sección discute el caso de la producción de cacao como biopiratería a través del cambio de uso de la tierra que produjo degradación forestal.

  • Degradación de los bosques por cambio de uso de la tierra: el caso de la producción de cacao

En el 2002, la Cumbre de la Tierra en Johannesburg sobre el Desarrollo Sostenible, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio comprometieron a países ricos y pobres a formar una alianza mundial para mejorar la atmósfera, las aguas y los bosques del mundo, así como la salud humana. Argumentaron que las corporaciones estaban mejor situadas para organizar el Desarrollo Sostenible. La idea del desarrollo sostenible es que debe haber un proceso de intercambio entre quienes tienen dinero para comprar y quienes tienen Capital Natural para vender. (Pearce y Warfor 1993) En consecuencia, SD se enfoca sobre la naturaleza física del bosque y evade la red de relaciones y procesos sociales en los que están incrustados los bosques y su gente.

Maria Mies sostiene que las necesidades básicas de las personas son las mismas en todas partes, tanto en los países pobres como en los ricos, como tambien en las clases pobres y ricas. Ella sostiene que las personas orientadas a la Subsistencia están sobreexplotadas por lo que requieren para su propia subsistencia. Estos son convertidos en Trabajadores Domesticos, es decir sin pago o mal pagados – las mujeres no asalariadas o mal pagadas, los campesinos, los pueblos Indígenas que dependen de los bienes comunes para su subsistencia, autonomía y socialidad. El concepto de Trabajadores Domesticos se aplica a sectores y actores económicos socialmente marginados y externalizados como pueblos indígenas y campesinos, cuando sus tierras y productos les son arrebatados con poca o ninguna compensación a través de la violencia estructural. Al aplicar la teoría de subsistencia de Mies, sostengo que Cacao del Norte S.A.C. ha realizado biopirateria a travez de expropiaciones de tierras, explotación laboral, destrucción de bosques y negociaciones sin escrúpulos con autoridades locales corruptas.

La empresa Cacao del Norte S.A.C. es una subsidiaria de United Cacao Limited SEZC, una compañía incorporada y registrada en Isla Caiman. El presidente de esta empresa es Dennis Melka, ciudadano checo-estadounidense. En Perú, 17 de sus empresas son de palma aceitera y 8 de cacao. (Dammert 2017, p. 17) Milagros Salazar, periodista, presentó en mayo de 2015 a Dennis Melka señalando con el dedo el mapa de Perú que se proyectaba en una pantalla ante un grupo de inversionistas de Inglaterra: “Este (Loreto) es el lugar de menor costo del mundo para la producción de cacao. “Tenemos tierra sin restricciones, mano de obra barata, cero impuestos, el mejor bosque y las mejores especies de cacao” (Salazar 2017).

La expropiacion de la tierra ha roto el trabajo reproductive de las personas. La integración de la tierra y el trabajo de Tamshiyacu, dentro de la economía global por parte de Cacao del Norte S.A.C comenzó en 2010 con la compra de tierras a la “Asociación Los Bufalos,” un grupo de 45 agricultores y ganaderos con 49,7 ha cada uno. Estos habitantes, principalmente andinos, fueron asentados por el gobierno nacional como resultado de la guerra civil, entre 1990 y 2000. Cacao del Norte compro las tierras comunales locales a precios irrisorios, y también compró otras parcelas aledanas, cuyos duenos fueron asustados de que si no usaban su tierra, volvería al estado. De esta manera la empresa compró 60 parcelas (3,000 ha.), y pagó USD $ 1,4000 a cada propietario, (USD $ 28 por hectarea.) (Chirif 2016b) Además, la empresa creó un programa de crédito (Programa Alianza Produccion Estratégica cacao – PAPEC) dirigido a otros pequeños productores agrícolas para cultivar cacao. Según PAPEC, en 2015, cuenta con 150 agricultores registrados, cada uno con una hectárea, quienes recibieron semillas de cacao, fertilizantes, pesticidas, bolsas plásticas, herramientas (fumigadores, etc.), el monto del equipo recibido ascendió a USD 600 dólares. Al aceptar estas asignaciones, los agricultores firmaron contratos que los endeudaron. Ninguno de ellos pudo quedarse con copia del contrato, lo que suscita dudas sobre las buenas intenciones de la empresa. (Chirif 2016b)

Como resultado, la reproducción social se ha visto comprometida. Para las comunidades aledañas, la destrucción de hábitats – de especies endémicas (de flora y fauna), la escasez de materias primas, proteínas, fuentes de agua, biodiversidad, etc., – es muy alta. Además, el pueblo de Tamshiyacu perdió la interconexión entre sus comunidades. Quienes vivieron de la subsistencia se sienten desposeídos de su tierra y su entorno. En consecuencia, están denunciando a la empresa por robo de tierras y exponiéndolos a la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, el 19 de mayo de 2016, los productores de umari (servicio de paraquiba), piña, castaño y palo de rosa que se consumía en Iquitos denunciaron a la empresa como biopirata por agotar los recursos que utilizan para vivir. (Chirif 2016a / b) Desde esntonces la Sociedad civil se esta mobilizando en contra de la empresa, mientras los politicos corruptos le defienden.

El trabajo reproductive de la naturaleza se ha interrumpido por la destruccion del bosque. Los impactos en el bosque y la población local fueron ocultos por los funcionarios gubernamentales corruptos cuando la corporación comienza la tala del bosque primario sin tener el Estudio de Impacto Ambiental o el Estudio de Clasificación de Suelos. Hasta el 2015, Cacao del Norte S.A.C cortó 2.380 ha de árboles para la producción de cacao en Loreto y 13,000 ha en Ucayali. (La Región, 2 de septiembre de 2013). En 2015, nuevas imágenes satelitales mostraron que la empresa continuó talando el bosque a pesar de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Agricultura ordenando el cese de la deforestación en tres de sus plantaciones. En total, la corporación es responsable de más de 15.000 hectáreas de deforestación ilegal, principalmente de selva tropical primaria. (EIA 2016)

         Como resultado, se ha fracturado la reproducción biológica de algunas especies forestales. El área de Tamshiyacu tiene la mayor concentración de palo de rosa, con una estimación de 18 árboles por hectárea, los cuales ya fueron declarados especie en peligro de extinción por el Ministerio de Agricultura. Para 2015, se estima que la compañía habia talado alrededor de 4.284 árboles de palo de rosa. Más grave aún, la deforestación se ha llevado a cabo en un bosque varillal, sobre suelos de arena blanca. Son ecosistemas muy especiales y frágiles que presentan una alta heterogeneidad de suelos y diferentes condiciones de drenaje, lo que ha dado lugar a una flora y fauna únicas adaptadas a muy malas condiciones ambientales. Una vez talado, es difícil de regenerar, lo que hace que la tierra no sea apta para la agricultura (Chirif 2016b). Por lo tanto, Cacao del Norte no produce cacao de primera calidad, porque el suelo donde produce es pobre (arena) que require la aplicacion de mucho fertilizante quimico. Además, la tala y quema de los árboles aumenta la emisión de C02, aumentando la temperatura, disminuyendo las lluvias por convección (la lluvia conveccional es muy común en áreas donde el suelo es calentado por el sol caliente, como los Trópicos), y rompiendo el equilibrio entre la absorción y la emisión de carbono.

La reproduccion del trabajo y de la naturaleza ha sido agraviado por la corrupcion de las autoridades locales. En el 2016, el Ministerio Público interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para revisar las fallas procesales de las sentencias dictadas por los tribunales  inferiores (Comunicado de Prensa No. 001-2016). La empresa utilizó el Decreto Ley No. 838 de 18 de agosto de 1996, emitido durante la dictadura de Fujimori, que establece que “la titulación de parcelas en las zonas económicas deprimidas de Sierra, Ceja de Selva y Selva hasta el 31 de diciembre de 1998 estará libre de pagos, y afirma que esto se hace con el fin de promover la reincorporación de la población desplazada por la violencia terrorista ”(poblaciones campesinas de Costa y Sierra reubicadas en la Selva). El contexto del Decreto fue la militarización de la violencia política, entre el Estado y dos movimientos guerrilleros – Sendero Luminoso (Sendero Luminoso) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), durante el gobierno de Fujimori. Entre 1980 y 2001, la Comisión de la Verdad y Reconciliación denunció que 60.000 peruanos fueron asesinados o desaparecidos en la batalla por la supervivencia. La desaparición ha sido especialmente prominente en las áreas rurales, entre los pueblos indígenas pobres, quechua-hablantes y amazónicos (Perú, Informe Final, 2003).

Luego de muchos años de cerco judicial, Cacao del Perú Norte SAC está siendo investigado por la deforestación de 13,800 hectáreas de bosque en las regiones de Loreto y Ucayali. En agosto de 2018, Cacao del Norte se convierte en Tamshi SAC, y en septiembre comienzo el juicio oral. El 25 de julio de 2019 se materializó una victoria ante Cacao del Perú Norte SAC -llamada Cacao I o Tamshi SAC-. Un juez lo declaró culpable de tala ilegal en el distrito de Tamshiyacu, Loreto. El Ministerio Público solicitó aproximadamente USD 4.223.605,00 en concepto de reparación civil y 15 años de cárcel para directivos y personal de campo. Además, hay otro caso pendiente en la Corte de Loreto, Cacao II, por la deforestación de otras 500 hectáreas de bosque. (Poder Judicial 2019) Asimismo, el 4 de enero de 2020, la Contraloría General de la República determinó que funcionarios del gobierno, el Gobernador de Loreto y la Autoridad Regional del Ambiente (ARA), incumplieron sus funciones de fiscalización ambiental «a las operaciones agrícolas de alta intensidad ”de las empresas Cacao del Perú Norte SAC y Plantaciones Ucayali SAC, en los departamentos de Loreto y Ucayali, respectivamente. Estos funcionarios ignoraron los impactos ambientales negativos que se estaban generando y la ausencia de certificación ambiental de la empresa. Esta inacción llevó a la deforestación de bosques primarios y la pérdida del Patrimonio Forestal de la Nación. (Dammert (2017) En el 2020, OEFA ha resuelto imponer una multa de 35.763.792 dólares a la empresa Tamshi S.A.C. por no contar con instrumentos de gestión ambiental aprobados. Pero la corrupción, que está enraizada, en la Dirección General de Asuntos Ambientales Agropecuarios (DGAAA), del Ministerio de Agricultura, ha elaborado una propuesta para modificar el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agropecuario y Riego mediante la apertura de un período de dos años para Las empresas con operaciones en la Amazonía – como Cacao l o Tamshi SAC procesadas por tala ilegal – para que puedan adaptar sus certificaciones ambientales sin detener sus actividades comerciales. Este esquema abre otra luz de legitimación de actos ilícitos. (Castro 2020)

En resumen, el capitalismo causa pobreza al desintegrar la cultura de subsistencia. Esta sección ha exhibido la biopiratería en el asalto a la reproducción social y biológica de las comunidades por la producción de cacao al cambiar el uso de la tierra, y conectar la naturaleza y el trabajo en las relaciones internacionales de poder. La siguiente sección trata sobre la financiación forestal. El Protocolo de Kyoto posicionó la idea de que las corporaciones y los estados industriales pueden seguir contaminando y lograr reducciones de emisiones mediante la compra de certificaciones forestales que den fe de la afirmación de que el carbono ha sido absorbido en el bosque en cuestión. Kyoto no ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que ha otorgado una victoria total al capital global al avanzar el enfoque del mercado para confrontar el cambio climático.

  • Financiamiento Forestal – Reservas de carbono y acaparamiento de tierras: REDD+ Noruego-Aleman en Loreto

El Protocolo de Kyoto (1997) fue el inicio del Pago por Servicios Ambientales (PSA) que en 2007 evolucionó hacia la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD). Entre la Cumbre de la Tierra de 2012 y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – Conferencia de las Partes de 2015 – sancionó un mercado global de dióxido de carbono y apoyó la creación de nuevos programas de apoyo financiero para manejar el bosque como un servicio ambiental, como REDD y REDD + (enfocado en el bosque de países endeudados) y los Sistemas Europeos de Comercio de Emisiones (ETS).

Desde 2011, varios programas REDD + se han arraigado en la selva amazónica de Perú. La Amazonia peruana cubre el 58% del territorio nacional (74 millones de ha.). Varios estudios sobre la cantidad de carbono almacenado en la Amazonia peruana argumentan que la biomasa aérea total para los bosques de tierra firme (tierra seca) varía de 58 a 134 Pg C {2-8} (Mitchard ETA et al 2014). Otro estudio significativo en las turberas de Pastaza y Maraňon ha revelado la presencia de acumulaciones extensas y profundas de turba que contienen 2-20 µg de C en las reservas subterráneas (Lahteenoja et al 2011). Permanecen en gran parte intactas y la amenaza de destrucción, por el impacto humano directo, es baja en comparación con las turberas en Asia. (Draper et al 2014). Sin embargo, también es relevante destacar que medir la emisión-absorción de gases de carbono no es realmente posible, ya que los bosques son organismos vivos que respiran, son sistemas dinámicos y complejos, por lo que sus medidas son siempre estimaciones.

En Loreto, uno de los varios programas / acuerdos REDD + es la Declaración de Intención Unida de Noruega y Alemania para reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero. El gobierno noruego se comprometió a contribuir con NOK 300 millones (2015-2017) y NOK 1,500 millones para la reducción de emisiones verificadas durante el período 2017-2020. (Espinoza y Feather 2018) Este es un programa de pago REDD + basado en resultados.

El programa de Noruega y Alemania es administrado por WWF Inc. que apoya el Programa Nacional de Conservación de Bosques (Programa Forestal) del Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM) para financiar la titulación individual de tierras indígenas. Para tal efecto, se creó la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (DISAFILPA) que recibió USD 422,360.00 para titular 43 comunidades indígenas. Este organismo pretendía privatizar un millón de hectáreas en diciembre de 2016. (La Región, 8 de junio de 2016). Sin embargo, debido a los conflictos, para 2018 solo se ha titulado una comunidad y otras 17 están en proceso. (Programa ONU REDD)

En Peru, el gobiernos nacional y los regionales se han comprometido a lo siguiente:

• Fase I: privatización de los territorios de los pueblos indígenas para la implementación de REDD +;

• Fase II: transformación de las comunidades para la implementación de actividades como microempresas, basadas en la biodiversidad, para recibir el pago; y,

• Fase III: Descentralización de oficinas forestales y de vida silvestre para la recepción de donaciones o pagos por reducción verificada de emisiones.

Sostengo que REDD + es la nueva biopirateria que está organizando el crecimiento económico del mercado global. Con la crisis ecológica, la designación de la naturaleza como «capital natural» ha abierto el bosque Amazonico como un mercado de créditos de carbono. Federici observa que con el advenimiento del capitalismo, el trabajo reproductivo se pone al servicio de un sistema internacional de acumulación. En esta división sexual del trabajo, las mujeres y aquellos cuerpos que son feminizados (naturaleza, campesinos e indígenas) son forzados a un estado de trabajo reproductivo – utilizados como recurso, devaluados, dependientes y desviados.

El trabajo reproductivo de la naturaleza se utiliza como recurso. Con el objetivo de mitigar el cambio climático, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desarrolló numerosos Pago por Servicios Ambientales (PSA) para la captura de carbono. Los países o industrias que logren reducir las emisiones de carbono a niveles por debajo de su cantidad designada podrían vender sus créditos a otros países o industrias que excedan sus niveles de emisión. Para lograr este objetivo, el esquema de la ONU ofrece incentivos financieros a los países endeudados para proteger sus bosques tropicales. ONU-REDD + comenzó en 2013.

Los participantes de las ONGs argumentan que conseguir dinero ahora es un asunto que no se puede posponer, porque no es posible una vida digna sin tener acceso a este medio de intercambio. Para legalizar públicamente el compromiso indígena con el capital, en el 2018, se organizó un Foro de Economía Indígena (FEI 2018), a cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la Asociación Interetnica de la Selva Peruana (AIDESEP), una Confederacion Peruana de Derechos Indígenas que representa sectores importantes de los pueblos indígenas en la Amazonía – en asociación con los implementadores del Mecanismo Específico Dedicado para los Pueblos Indígenas (MDE SAWETO Perú, iniciativa del Fondo de Inversión Forestal – FIF) financiado por el Banco Mundial con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza – Perú (WWF-P) como Organismo Nacional de Ejecución. En consecuencia, para el 2018, una evaluación del programa REDD + en Perú – por Roberto Espinoza, asesor de AIDESEP, y Conrad Feather, Asesor de Políticas del Programa Forest People – sostiene que algunas de las dificultades, que REDD + encuentra en la Amazonía, están disminuyendo. y sostienen que se han alcanzado acuerdos negociados. (Espinoza & Feather 2018)

Sin embargo, desde una perspectiva ecosistémica, los bosques están interrelacionados con la vida silvestre (biofísica) y con las sociedades locales. La Red Ambiental Indígena (18 de mayo de 2016) sostiene que REDD + es el mayor acaparamiento de tierras de la historia que utiliza la naturaleza como una esponja para la contaminación de gases de efecto invernadero en lugar de reducir las emisiones en los paises industriales. Por tanto, los verdaderos responsables de la crisis permanecen intactos. Además, REDD+ es problemático porque:

“Los usuarios de la tierra (los pueblos indígenas) tienen que describir sus actividades como una amenaza para el bosque … Sin esa historia, que el bosque habría sido destruido, no hay carbono que guardar ni créditos de carbono que vender … [esto] ya está reforzando el peligroso mito de que las comunidades que dependen de los bosques y los pequeños agricultores se encuentran entre los agentes más importantes de deforestación «. (Juta Kill 2014: 10)

Se devalúa el trabajo reproductivo de los indígenas. A medida que el capital global y los gobiernos acordaron privatizar las tierras de las comunidades, las disputas se volvieron más comunes entre las comunidades indígenas. En junio de 2016, la Organización de Pueblos Indígenas del Este (ORPIO) denunció que las categorías de conservación, traídas por el convenio, reducen los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Ese mismo día se inició la oposición a la titulación individual, de comunidades indígenas como las comunidades Ticunas y Yaguas del bajo Amazonas (FECONATIYA). Su presidente comunicó que su comunidad se opone a la titulación individual en territorio comunal; porque, desde 2004 vienen solicitando titulaciones comunales que el gobierno ignoró. (La Región, 21 de junio de 2016) En el 2020, algunas federaciones desconocen a AIDESEP como su organizacion.

La privatización de la tierra viene con un mecanismo de incentivos a la conservación dirigido a las comunidades indígenas. Para ello, se ha organizado la Autoridad Ambiental Regional (ARA) para promover proyectos de microempresas a cambio del cuidado de los bosques. “El Ministerio de Economía y Finanzas entrega el ARA USD $ 7,16 por cada hectárea que ingresa al programa, de los cuales $ 4,29 se gastarán en administración y $ 2,86 por hectárea se destinarán a las arcas de las comunidades para proyectos de microempresas. En ese momento, las microempresas abrirán una cuenta en el Banco de la Nación y se registrarán en la SUNAT para pagar impuestos ”. En total, cada comunidad debe recibir una vez, entre $ USD 28.000 y 85.000, que deben ser invertidos en proyectos de microempresas (entrevista personal al Gerente del Programa Forestal de GOREL, 28 de enero de 2018)

En Octuble del 2020, USAID, WWF, AIDESEP y NESsT lanzaron la Convocatoria Amazónica Indígena: Derechos y Recursos, ofreciendo entre 10,000 y 40,000 dólares a las comunidades interesadas en iniciar una empresa indígena. (https://www.nesst.org/amazonia-indigena-convocatoria)

El trabajo reproductivo de la naturaleza y de los pueblos indígenas se vuelven dependientes del mercado global. En marzo de 2017, AIDESEP, envió una carta a los Representantes en Asamblea del Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) manifestando su desacuerdo con el programa REDD + y exigiendo:

• desbloquear la gestión de la tierra basada en su potencial para la Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso Más Alta (CTCUM);

 • aumentar la inversión a $ 200,000 para cada comunidad titulada en Loreto, y cambiar el voluminoso presupuesto de REDD + que es 62.5% para la administración y 37.5% para las comunidades;

• asegurar el manejo forestal “holístico” e integrado del territorio a través de iniciativas de economía indígena en manejo forestal, acuicultura, bioindustrias, turismo, en el marco de sus planes de Vida Plena; y,

• Asegurar la titulación de tierras comunales de 20 millones de hectáreas de pueblos indígenas amazónicos (incluidas 05 reservas indígenas para pueblos en aislamiento voluntario). (AIDESEP – Carta No 086-2017)

Sin embargo, para 2018, AIDESEP flexibilizó sus demandas creando una perspectiva que se ha denominado REDD + Indígena Amazónico (RIA) de Vida Plena, como alternativa socialmente aceptable. La economía indígena de Vida Plena tiene como objetivo satisfacer las necesidades mediante un “plan de desarrollo” (en este caso REDD +) que se traduce en una mejor calidad de vida (con dinero) para los pueblos indígenas. (Espinoza 2018) Por ejemplo, en Loreto, AIDESEP aceptó microempresas y solicitó reconocimiento y titulación para 844 comunidades nativas. Además, AIDESEP pacta la consolidación de 12 territorios y comunidades de tierras con cuatro millones de hectáreas y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. (Espinoza & Feather 2018) Por lo tanto, su propuesta debe ser incluida en el presupuesto público nacional que recibe fondos REDD +. Para recibir el dinero, que supuestamente será recaudado, han creado Cámaras de Comercio de los Pueblos Indígenas, agrupando a las comunidades con “negocios sostenibles basados ​​en la biodiversidad”. (Shuar Velásquez, entrevista radial, 2020)

El trabajo reproductivo de la naturaleza y de pueblos indígenas reducidos a la incongruencia. Para articular a las comunidades indígenas en la economía global, AIDESEP y las organizaciones involucradas en REDD + como agentes del capital, han creado un concepto llamado “Articulación con Identidad,” lo que significa que algunos principios de la cultura indígena se articulan en el acuerdo. (Espinoza 2018) Sin embargo, esta perspectiva entra en conflicto en dos frentes. Por un lado, en una sociedad capitalista existe el legítimo deseo de tener mejores ingresos para mejorar la calidad de vida; pero por otro lado, significa revisar, modificar o incluso eliminar algunas de las características de los pueblos, la cultura y los medios de vida indígenas. Entonces, si estas organizaciones quieren articular a los pueblos indígenas a la economía global, tendrían que transformar la biodiversidad a través de la agroexportación porque eso es lo que trae ganancias. Pero este esquema choca con el reconocimiento de que la pérdida de bosques es un factor clave en el cambio climático. Además, la idea de las ONG de que para articular mejor a los pueblos indígenas a los mercados es necesaria la “flexibilización” del concepto de territorio, infieren la posibilidad de que se puedan incorporar otras figuras al bosque, como la propiedad privada, modalidades de arrendamiento de tierras comunales, o invitación a terceros para uso o explotación de recursos. (Arce 2018) Dado que el territorio constituye el activo social y cultural más importante para los pueblos indígenas, si se alquilan territorios, REDD + no representarian reducción de emisiones; en cambio, representaria otro medio, aparentemente de menor costo, por el cual las empresas pueden cumplir con su cuota de emisiones, permitiendo que las industrias contaminantes continúen o incluso expandan las operaciones corporativas que arruinan los bosques y el clima. Un ejemplo de esta modalidad existente en Amazonia es – regenera.pe – que compensan la huella de individuos y corporaciones.

Como resultado, los proyectos y programas de REDD + pueden llevar a que más bosques y territorios de las comunidades indígenas de la Amazonía estén sujetos al control y monitoreo del uso de la tierra por parte de extraños. Por lo tanto, este “enverdecimiento” de los territorios Indigenas, entendido como un proceso de acumulación de capital, está conformando una clase de propietarios de tierras que convierten a algunos indígenas en emprendedores comerciales y, al mismo tiempo, con el enclaustramiento de la tierra comunal, se esta formando una población indigena de mendigos y vagabundos en la selva.

En este capítulo, expuse los programas REDD + como biopiratería que ha puesto las manos del capital financiero en la cultura, la biodiversidad, los territorios indígenas y ha vendido el destino de la selva amazónica peruana y de sus habitants.

Conclusion

Afectando a los bosques y sus habitantes, el capital global creó las condiciones para la biopiratería como un crimen organizado internacional donde la reproduccion humana y no humana se debilita. La primera y la segunda parte de este capítulo han expuesto procesos de patriarcado y colonialismo por los cuales el desarrollo sustentable se involucra en agresiones sociales y biológicas, permitiendo la destrucción de miles de km2 de bosque primario para la producción de madera y cacao. Mientras que la tercera parte, REDD + ha puesto al descubierto la expansión del capitalism en la foresta, mediante la privatización de la tierra, la destrucción de economías sostenibles y habitables, y la supresión de los derechos indígenas y los derechos de la naturaleza. REDD + al incrementar las transacciones monetarias perpetua injusticias históricas, violencia, discriminación, mientras despoja a miles de los sistemas de vida indígena. En este entorno de flexibilización territorial, la división sexual del trabajo en la familia proporcionará una reserva de mano de obra barata.

Varias preguntas aún están en el aire: ¿Es posible desarrollar una economía indígena a partir del manejo de los servicios de los ecosistemas forestales? ¿Debería desarrollarse la economía indígena con el bosque o a expensas del bosque? ¿Qué ocurrirá en la selva Amazonica cuando los bienes comunes locales se conviertan en bienes comunes globales y las relaciones sociales se reorganicen por la creciente importancia del mercado mundial? Otra pregunta es si REDD seguirá siendo un programa de financiamiento para el desarrollo o si evolucionará hacia un sistema de compensación de carbono.

  • Ana Isla (Professor Emeritus Department of Sociology and the Center for Women’s and Gender Studies, Brock University, Canada)

Agradezco al antropologo Alberto Chirif por sus comentarios que han mejorado este ariculo.

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